JAMAS SEGURIDAD CIVIL ARMADA MERCENARIA EN ECUADOR

Dr. Darío Cervantes Padilla

La creación de grupos civiles armados como entidad de seguridad, previsto en el Libro III del Código Orgánico de Seguridad Ciudadana, aprobado por la Asamblea Nacional en mayo 2017, legitimaba la posibilidad de portar armas a personas civiles, considerándolos como cuerpo de protección pública la cual en términos constitucionales, le corresponde a la Policía Nacional y a las FFAA. Los fundamentos fueron presentados como pregunta para el referéndum vía email al Presidente Lenin el 26 de septiembre 2017.  

Concerniendo el Sector de Seguridad del Estado moderno recomendado a nivel global por Naciones Unidas en su capitulo The Rule of Law, está compuesto exclusivamente por el poder judicial, la policía nacional y sistema carcelario, constituyéndose así en la parte orgánica fundamental de la organización del Estado. Es un sector equilibrado y proporcional formado para cumplir la principal misión del poder político, esto es “brindar seguridad individual y societal a sus ciudadanos”. La ONU a través de sus órganos como el Consejo de Derechos Humanos ha desarrollado un marco jurídico internacional apropiado para supervisar el cumplimiento de las normas y recomendaciones de las Convenciones y de comisiones de expertos que vigilan la “responsabilidad de proteger los derechos fundamentales” que tiene el Estado frente a sus ciudadanos (UPR System).

Se ha justificado de parte del régimen anterior que estos grupos armados serían necesarios para proteger al Presidente, al Vicepresidente, incluyendo ministros, familias, diplomáticos etc. Nada más  banal e indefendible. Si bien en Ecuador se le ha dado salvoconducto a la industria del narcotráfico, no hemos caído (todavía) en el estatus de “Estado Fallido” donde no existe institución policial, ni ley, ni ningún orden social, que es lo que justamente deseaba Correa; por lo tanto no hay necesidad de creación de tales entidades de seguridad en Ecuador. Es verdad que las FFAA como institución de seguridad muestran un cuadro dramáticamente feble, pero aún sobrevive el sistema de seguridad interna, capaz de “disuadir cometimiento de delitos, crímenes, actos de guerra urbana, rural, de selva y actividades narco terroristas”.

Vale destacar que Ecuador nunca ha sido un Estado productor de milicias narco políticas, ni terroristas de ninguna naturaleza. Pues esta ley resulta incompatible con la cultura de paz democrática de la sociedad ecuatoriana, que históricamente ha demostrado estar en contra de la construcción de una sociedad de violencia. La triste experiencia de la época de la Guerra Fría (1947-1991), nos permite observar que mientras  países de nuestro continente se desangraban en guerras fratricidas, el nuestro daba  un ejemplo planetario de cómo resolver los conflictos por vía pacífica. Ecuador ha sido un referente de paz social, política y democrática a nivel global. Después de 27 años de la caída del Muro de Berlín, el régimen populista anterior pretendió instalar una dinámica de abyección contra la sociedad y las mismas instituciones del sector de seguridad.

Algunas experiencias internacionales nos enseñan lo macabro y peligroso que resultara la creación de grupos civiles políticos armados. Hitler creó en 1936 su propia Gehaime Staatspolizei (Gestapo) activa hasta 1945. Su rol principal era investigar a opositores al nazismo acusándolos de traidores. El régimen nazi le dio a la Gestapo un “estatus especial por encima de la ley”, eso significaba que “Ningún tribunal de justicia podía investigar sus crímenes”. Prácticamente le dio licencia para matar, encarcelaban a opositores sin ningún proceso judicial y los torturaban; todo eso era legal porque se trataba de una “fuerza policial política”. Lo propio sucedió con la Sicurezza o “Camisas Negras” formadas por Benito Mussolini en la Italia de la misma época.

La pretendida implantación de una policía política en Ecuador, constituye la prueba más contundente del miedo de un gobierno a la inteligencia individual y social antagónica, esa misma policía política se convierte además en implacable catalizador de su pérdida real de poder político. Es ese sentimiento de frustración de disminución galopante de su poder, el que lo lleva a un régimen a utilizar la fuerza física en forma de  “violencia como último recurso de legitimación”. 

El resultado ya lo hemos observado en experiencias de países como Corea del Norte, Eritrea, Liberia, Somalia, Sudán del Sur y Norte, Cuba. En Venezuela la brutalidad del régimen es mundialmente conocida, esa policía política no escatima en el uso de instrumentos criminales para reprimir: látigos con clavos, balaceras desde motocicletas, entrar en barrios residenciales disparando a discreción, es legal.  En este tipo de regímenes impera el terror asimétrico social y la violación sistemática de Derechos Humanos. Estos grupos en posesión de armamento bélico se dedican a desarrollar economías de guerra y desarrollan “mayor autonomía”, pues es ahí donde se consolidan los “Warlords y Warladies” y la violencia empieza a ser un lenguaje.

En nuestro país, esta atmósfera siniestra accionada por una “policía política” se vería agravada de forma espeluznante con la gran variedad de actividades de crimen económico propios a la industria del narcotráfico; la cual, con su exponencial capacidad financiera, penetraría aun más, espacios de seguridad, sociales, políticos, empresariales, deportivos, culturales. Pues una “corrupción rampante y violencia tenebrosa” es lo único que producirían esas milicias de mercenarios o policía política.

Un gobierno que necesita “uso ilegítimo de la fuerza física y violencia para gobernar”, es un gobierno débil y fracasado, porque no ha logrado implementar el Contrato Social en el que sus ciudadanos acuerdan de forma voluntaria y racional, incorporarse a la implementación de sus políticas públicas, esa característica lo define justamente como un “gobierno fallido”. El régimen anterior, perdió legitimidad por falta de apoyo de la población, característica sine qua non para gobernar.

Stephane Hessel en “Indígnense” nos invitaba a no aceptar ultrajes e infamias del “poder herido” por su falta de legitimidad. En estas circunstancias invitamos cordialmente al Presidente Lenin Moreno a utilizar los medios políticos legales a su disposición para firmar un compromiso irrestricto con la paz democrática ecuatoriana, y derogar esa peligrosa ley promulgando una nueva de empoderamiento del sector de seguridad vigente.