Por : Dario Cervantes Padilla
A diferencia de lo que muchos dicen y el resto lo piensan, la “extradición” no es materia puramente jurídica, sino mas bien la implementación de una política de gobiernos o de Estados, para solucionar por medio de acuerdos o tratados, un problema vinculado a la captura del o los sujetos legalmente perseguidos a quienes se busca aplicar la justicia penal nacional del país interesado. Esos acuerdos constituyen ley para los países miembros del Tratado. Por lo tanto, a la pregunta de: Qué ley se aplica ? Se aplica la ley internacional, en realidad, los fundamentos legales de la "extradición" los encontramos en el Derecho Internacional Público ya que esta nace del Acuerdo de Estados configurado en un Tratado Internacional respaldado por diferentes Convenciones y Protocolos Internacionales.
El delito o crimen por el que se persigue a una o varias personas puede ser nacional o internacional (o transnacional), y los acuerdos para justificar la extradición tipifican claramente los diferentes delitos afectados mediante Tratados Bilaterales (entre dos Estados) o Multilaterales (tres o más Estados). De esta forma la autonomía y soberanía de los Estados queda intacta y solemne ya que se constituye en “soberanía activa positiva” al buscar acabar con la impunidad de delitos de grave connotación internacional o crímenes transnacionales, activando el sistema de extradición. En consecuencia la extradición se constituye en un acto legítimo de soberanía legal y política de un Estado.
La extradición, no solo se erige como un instrumento internacional eficaz contra crímenes vinculados al narcotráfico que desarrollan corrupción e impunidad galopante en los países subdesarrollados, de instituciones débiles y sistemas de justicia incompetentes y corrompidos por la industria transnacional de la droga, sino además se convierte en un instrumente fuertemente disuasivo de las actividades de lideres de organizaciones criminales a los que conocemos bajo el término de “warlords”, se trata de disuadir y controlar a esos warlords quienes miran en la ‘extradición’ una fuerza superior contra la que no pueden luchar. La temida extradición es una de las políticas de cooperación internacional policial-penal más eficaces contra figuras prominentes de la industria de la droga; constituye un arma contra organizaciones criminales, porque borra el privilegio de la jurisdicción territorial y fronteras aéreas, marítimas y terrestres que suelen servir como refugio para esos criminales, amparados en la soberanía territorial “pasiva negativa” de los “Estados Débiles”.
Luchar contra la impunidad de delitos transnacionales como el narcotráfico, es una tarea que bajo las condiciones de “país débil” un una atmósfera de tercer mundo, resulta francamente imposible, dada la capacidad o poder financiero de la industria de la droga. En los países débiles los warlords tienen capacidad de corromper todos los espacios de la vida pública y privada de países como Ecuador,Colombia, Mexico…; incluyendo empresas e instituciones gubernamentales que van desde el sistema carcelario, fiscalía, jueces, policías, militares, directores de empresas públicas, contratistas del Estado…, hasta empresas privadas de “todo tipo” con el fin de blanquear sus finanzas grises. La extradición de warlords, entonces, convierte al “Estado Débil” en “Estado Fuerte” ya que sus estrategias de corromper a jueces y fiscales, al final del camino no lo protegerán de ser atrapado por la policía internacional (INTERPOL) para ser juzgado en Estados Unidos.
En este contexto la comunidad internacional es la ganadora, especialmente los países con instituciones débiles como los latinoamericanos donde impera la ley impuesta por los warlords del crimen organizado, para quienes las cárceles, las leyes, jueces, fiscales y todo el sistema de justicia -bajo dinámicas de amenazas y pagos- les es plenamente dócil y funcional, lo que explica en cierta forma su éxito, pues la impunidad es la fuerza centrifuga de actividades criminales del narcotráfico en los países pobres. Justamente la extradición es entre otras, la estrategia jurídico políticamente necesaria para Ecuador, por cuanto no posee un sistema jurídico contundente, sus jueces y fiscales son fácilmente corruptibles, y el sistema carcelario como quienes lo dirigen no es adaptado a las necesidades contemporáneas de seguridad y control del desarrollo de organizaciones criminales. En consecuencia, para Ecuador la extradición significa hacer buen uso del Jus Puniendi o principio de aplicar la pena que corresponde a un delito, ya que extraditar a un super delincuente o criminal como un jefe narco terrorista es un acto soberano de jus poniendi acordado entre el Estado que pide la extradición y el Estado que acepta extraditar a un criminal.
En el campo jurídico internacional multilateral, todas las convenciones y protocolos regionales sobre extradición se basan en los mismos principios, adoptan los mismos procesos y persiguen el mismo fin. En el Hemisferio Occidental co-exissten la Convención Europea sobre Extradición de 1957 y la Convención Interamericana sobre Extradición firmada en 1981; y sus respectivos protocolos adicionales. Por ejemplo algunos principios se aplican para "no permitir la extradición" como el non bis in ídem, esto es juzgar dos veces a alguien por la misma causa; o cuando se sabe que el sujeto puede ser torturado en el país que pide la extradición; tampoco se permite cuando el sujeto requerido va a ser juzgado por causa diferente al de la extradición; en otros casos la pena de muerte es causa de no extradición. Son pilares comunes a las diferentes convenciones y protocolos en Europa America y Africa.
Existe confusión respecto de otro instrumento internacional multilateral: la Convention de Naciones Unidas Contra el Crimen Organizado Transnacional, este tratado solo describe y conceptualiza el ámbito y definiciones del crimen internacional y sus organizaciones, establece parámetros legales de definición de categorías delictivas pero NO es un tratado de Extradición, porque es una descripción conceptual de las preceptos legales a tener en cuenta en la ley penal nacional de los países, (art 3), por ejemplo trata la penalización de grupos delictivos organizados (art.5), la penalización del blanqueo de delitos (art.6), la penalización de la corrupción (art.8); la penalización de obstrucción de la justicia (art.23).
Los detractores de la extradición, instrumentalizan la cuestión de la nacionalidad sea por desconocimiento, sea por defender algún tipo de interés. La nacionalidad de la persona es la principal defensa contra la extradición y en un principio en las convenciones Interamericana y Europea fue un pilar importante del paradigma. Sin embargo los países miembros de la Union Europea han borrado esta ventaja de la nacionalidad porque constituye en la actualidad un blindaje en favor de la impunidad de criminales de connotación internacional. Hoy en día la nacionalidad como restricción es totalmente flexible en la Convención Europea y en la Constitución de numerosos países alrededor del mundo, debido a la evolución de organizaciones criminales que aprovechando la tecnología militar disponible, gracias al desarrollo de formas perversas de globalización, desafían instituciones, gobiernos y Estados; esto obliga a actualizar también las legislaciones nacionales e internacionales.
La extradición de criminales sin importar la nacionalidad ya ha existido, no es nueva, remonta al fin de la segunda guerra mundial con los dictámenes del Tribunal de Nüremberg y de Tokyo que inauguraron la justicia penal internacional contra crímenes de guerra, crímenes contra la paz y crímenes de lesa humanidad. Luego en los años 90 se establecieron : el Tribunal Especial para Yugoslavia y el Tribunal Especial de Rwanda cuyo desarrollo dio como resultado el Tratado de Roma de 1998 y la instalación del Tribunal Penal Internacional (TPI). Hoy en día, existe una categoría internacional de crímenes que demanda la extradición de los procesados independientemente de la nacionalidad que estos tengan si ha cometido crímenes como : Genocidio, asesinato de personas o exterminio; esclavitud; desplazamiento forzoso de poblaciones; tortura; esclavitud sexual de grupos de personas; crimen de apartheid; desaparición forzada de personas; crímenes de guerra; crímenes de lesa humanidad. Los perpetradores de estos delitos procesados por la Corte Internacional Penal son sujetos de extradición universal y obligatoria para cualquier Estado, sea cual fuere la nacionalidad del perseguido por la justicia internacional penal.
